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El poder judicial es fundamental para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, dice la UNESCO

10/03/2021

La UNESCO reunió a expertos y al poder judicial para fortalecer políticas y acciones legales con el objetivo de acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas. Esto es parte de una campaña más amplia que fue realizada a lo largo de la última década. A nivel mundial, las experiencias muestran que las instituciones encargadas del mantenimiento del orden, la sociedad civil y los medios de comunicación son esenciales para cambiar los límites y aumentar significativamente el precio de matar a periodistas. Ésta es la única forma de impedir más asesinatos y romper el ciclo de violencia contra los profesionales de los medios de comunicación. Lea sus historias y mejores prácticas para ayudar a controlar esta plaga.

El 23 de marzo de 2017 debería haber sido una mañana normal de jueves en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Una madre soltera de mediana edad se subió a su camioneta roja junto a su hijo para llevarlo a la escuela. Sin embargo, el vehículo nunca salió de casa ya que 8 balas acabaron con la vida de la mujer, que no solo era madre, sino también una destacada periodista.

Entre los legados que dejó, Miroslava Breach Velducea ganó su posición como una periodista mexicana distinguida que sirvió a su comunidad al exponer los vínculos entre el crimen organizado y los “narcospolíticos”. Tras ser reportera para los medios de comunicación La Jornada y Norte, Breach lanzó su propia agencia de noticias MIR a principios del mismo año. Breach publicó una serie de historias en 2016 que derribaron la campaña de alcalde de un miembro del grupo del cartel Los Salazar, lo cual provocó una orden para matarla.

En la escena del asesinato de Breach había una nota que, según reportes, decía: "Por ser soplona", revelando cómo prolifera el círculo del crimen organizado y se ejecuta en un intercambio combativo entre la sociedad y los funcionarios electos.

Exponer la corrupción en México es uno de los proyectos más mortíferos que un periodista puede emprender. Desde la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en la Ciudad de México, Ricardo Sánchez Pérez Del Pozo se unió a un panel de expertos en una conferencia el 1 de marzo de 2021 auspiciada por la UNESCO y miembros del Grupo de Amigos por la Seguridad de los Periodistas titulada “El papel del poder judicial y la cooperación internacional para promover la seguridad de los periodistas: ¿qué funciona?”. En esta ocasión, se debatieron las buenas prácticas en materia de lucha contra la impunidad de la violencia contra los periodistas (grabaciones de vídeo de la conferencia están disponibles en inglés, francés, español y árabe).

Durante uno de los paneles de discusión, Del Pozo compartió su experiencia y estrategias para combatir la impunidad de los periodistas víctimas de violencia en su país.

En los últimos 3 años, [mi equipo] ha procesado a más de 200 personas por delitos contra periodistas. Y se debe señalar que 130 de esas personas eran funcionarios públicos cuando se cometió el crimen.

Ricardo Del Pozo, Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión

Sobre el caso de Breach, Del Pozo detalló el modo en que el análisis de la naturaleza del trabajo de Breach expuso el motivo del ataque e identificó a los posibles perpetradores. El trabajo de su Unidad Especial condujo a la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa en diciembre de 2017, el hombre que fue coautor y ejecutó el asesinato.

Del Pozo dirigió una Unidad Especial de 18 fiscales que investigan cuestiones relacionadas con la libertad de expresión a nivel federal. Uno de los desafíos de este equipo fue seleccionar estratégicamente los mejores casos a procesar de manera prioritaria, a fin de enviar un mensaje contundente contra la impunidad por estos ataques contra la libertad de expresión.

Si la sociedad comprende la relación existente entre el trabajo de los periodistas y la democracia, la situación mejorará.

Ricardo Del Pozo, Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión

Sin embargo, la violencia contra periodistas en México sigue siendo muy alta, con más de 103 periodistas asesinados en los últimos 10 años (2010-2020) y solo 11 casos reportados como resueltos judicialmente hasta el momento. Estas preocupantes estadísticas muestran lo grave y complejo que es el tema, incluso cuando se están desarrollando esfuerzos institucionales.

También estuvieron presentes en el evento Irene Khan, la Relatora Especial de la ONU para la Promoción y protección de la libertad de opinión y expresión, y la Baronesa Helena Kennedy, Directora del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, quienes expresaron su profunda preocupación por el prolongado tiempo para enjuiciar los delitos debido a la insuficiencia de recursos y la falta de capacidad. Jeanette Manning, Directora del Centro NATGRI para Asociaciones Internacionales y Colaboración Estratégica, y representante de la Asociación Internacional de Fiscales, también expresó desafíos similares en el desarrollo de capacidades para procesar estos delitos. Para enfrentar estos desafíos, la UNESCO y la Asociación Internacional de Fiscales elaboraron Directrices para fiscales en casos de delitos contra periodistas. Las Directrices están actualmente disponibles en inglés, así como en árabe, bahasa indonesio, francés, portugués, ruso y español y pronto estarán disponibles en otros idiomas.

Los panelistas Yetnayet Desalegn, representante del Instituto de Formación Judicial de Etiopía, y Horace Adjolohoun, Oficial Jurídico Principal de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, hicieron eco de la necesidad de una formación más sólida de los agentes judiciales, como ser, jueces fiscales y abogados, respecto de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.

Con el fin de movilizar a los actores judiciales sobre este tema y hacerlos más conscientes de las normas internacionales y la jurisprudencia regional, la UNESCO organizó una serie de capacitaciones en campo y en línea sobre la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Desde 2013, se capacitó a más de 18.000 actores judiciales en América Latina, África y Medio Oriente.

Los desafíos para obtener justicia por delitos contra periodistas son especialmente frecuentes cuando se trata de investigar y enjuiciar delitos de género contra mujeres periodistas. Los panelistas Pauli van Wyk, periodista de investigación sudafricana, y Mithila Farzana, editora proveniente de Bangladesh, compartieron su experiencia frente a la violencia en línea, un problema endémico de las mujeres periodistas. Un estudio reciente de UNESCO / ICFJ, que alcanzó más de 900 encuestados en 125 países, encontró que el 73% de las mujeres periodistas encuestadas habían experimentado violencia en línea en el curso de su trabajo.

Pedro José Vaca Villareal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, arrojó luz sobre la falta de reconocimiento de los delitos que enfrentan las mujeres periodistas, como la violencia y el abuso en línea, tanto en la ley como en la práctica. No abordar y enjuiciar estos ataques basados ​​en el género y no reconocerlos como riesgos legítimos para la seguridad puede tener consecuencias nefastas. La abogada Caoilfhionn Gallagher, especializada Derechos Humanos y Medios, llamó la atención sobre el caso de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, quien había sido víctima de acoso y abuso durante décadas antes de su asesinato en 2017. Las panelistas convocaron al fortalecimiento de los marcos legales y la capacitación de miembros del poder judicial sobre estos temas con el fin de enfrentar el problema.

Según datos de la UNESCO, la tasa de impunidad de los casos de asesinatos de periodistas sigue siendo alta, con solo el 13% de los casos en todo el mundo resueltos judicialmente. En casos poco frecuentes, el perpetrador es puesto ante la justicia. Uno de varios buenos ejemplos de justicia es el caso de Pablo Medina Velázquez, un periodista de Paraguay.

La jueza Janine Ríos del Distrito Judicial de Canindeyú, participó en el juicio por asesinato de Vilmar "Neneco" Acosta Marques, alcalde que ordenó el asesinato de Pablo Medina Velázquez, periodista que informó sobre el comercio de marihuana en una importante ruta de narcotráfico fronteriza con Brasil. Acosta fue declarado culpable y sentenciado a 39 años de prisión, la primera vez que un autor intelectual detrás de la muerte de un periodista fue sentenciado en Paraguay.

Aunque la impunidad por los ataques contra periodistas sigue siendo extremadamente alta, una acción concertada del sistema judicial, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, la sociedad civil y los medios de comunicación es esencial para cambiar las líneas y aumentar significativamente el precio de matar a periodistas. Ésta es la única forma de impedir más asesinatos y romper el ciclo de violencia contra los profesionales de los medios.

De la misma manera que las personas que quitaron la vida a Pablo Medina y su asistente Antonia Almada pretendían emitir un mensaje asesinándolos, el Estado paraguayo, a través de el Poder Judicial y el Ministerio Público, dejó un "mensaje claro" a todos aquellos que pretendan cometer [este] tipo de delitos para silenciar a los periodistas: la impunidad no será tolerada nuevamente en este país.

Judge Janine Rios, Distrito Judicial de Canindeyú

Aunque la impunidad de las agresiones contra periodistas sigue siendo muy alta, es esencial una acción concertada del sistema judicial, las instituciones policiales, la sociedad civil y los medios de comunicación para cambiar las líneas y castigar el asesinato de periodistas. Esta es la única manera de disuadir nuevos asesinatos y romper el ciclo de violencia contra los profesionales de los medios de comunicación.