Interview

Lecciones aprendidas de la histórica sentencia de Paraguay para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas

01/03/2021

(Parte de una serie de entrevistas con jueces, fiscales y expertos legales de todo el mundo con el fin de mostrar las buenas prácticas para #ProtegerALosPeriodistas y acabar con la impunidad de los crímenes contra ellos).

En octubre de 2014, el periodista paraguayo Pablo Medina Velázquez y su asistente, Antonia Almada, iban en una furgoneta de vuelta de hacer un reportaje en la frontera entre Brasil y Paraguay cuando fueron detenidos por dos individuos armados. Durante 16 años, Pablo se había dedicado a denunciar los crímenes de políticos y narcotraficantes en la zona fronteriza como corresponsal de uno de los mayores diarios de Paraguay, ABC Color, y ya había recibido amenazas por su trabajo. Era un jueves por la tarde cuando los individuos se acercaron a la puerta de su furgoneta y le preguntaron si trabajaba para ABC Color, antes de disparar varias veces contra él y Antonia. Pablo recibió cuatro disparos mortales en la cabeza y el pecho. Almada también murió en el ataque.

ABC Color no tardó en culpar a las redes de narcotráfico del asesinato de Pablo. El crimen fue visto por los periodistas paraguayos como un mensaje más del crimen organizado que pretendía silenciarlos, y pidieron a las autoridades que investigaran el crimen y que no quedara impune, como había sucedido cerca de 25 años antes con el caso de Santiago Leguizamón, un periodista que murió a manos del crimen organizado por sus investigaciones sobre el narcotráfico transfronterizo en 1991, y cuyo asesinato sigue sin resolverse.

En el caso de Pablo Medina Velázquez, la justicia avanza y el caso está en vías de obtener una resolución legal. Los responsables del asesinato de Pablo fueron identificados como el alcalde de un distrito cercano a la frontera, quien fue el autor intelectual del crimen, junto con su hermano y uno de sus primos. El alcalde fue capturado en 2015 en Brasil y condenado a 39 años de prisión en 2017 en Paraguay, la pena más alta que se aplica para este tipo de delitos. Los otros dos autores están en prisión en Brasil a la espera de la sentencia.

Para la jueza Janine Ríos, que participó en el juicio del autor intelectual, la sentencia contra el ex intendente es un "claro mensaje" del Estado paraguayo, a través del Poder Judicial y del Ministerio Público, de que no se tolerará a quienes buscan silenciar a los periodistas.

La condena del ex intendente convirtió este caso en la primera sentencia en Paraguay que buscaba castigar penalmente al autor intelectual de un asesinato contra un periodista. En su opinión, ¿cuáles fueron los factores clave que lo hicieron posible?

Janine Ríos: Creo que la impunidad del asesinato del periodista Santiago Leguizamón ha sentado un terrible precedente para el poder judicial en Paraguay. Y creo que fue la deuda pendiente del país con el derecho a la libertad de expresión lo que empujó al país a no dejar impune otro hecho de tal magnitud.

Más aún, si tenemos en cuenta que el país fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 19 de enero de 2007, por la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que pone de manifiesto la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por supuestas violaciones consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Creo que fue esta denuncia presentada contra el país, además de la rápida y efectiva intervención del Ministerio Público para esclarecer los hechos, lo que llevó a la condena del autor intelectual del crimen a una de las penas más altas del país.

¿Qué importancia han tenido las normas nacionales e internacionales sobre libertad de expresión en este caso? 

JR: Debo decir que tanto las normas nacionales como las internacionales han sido de suma importancia para la Corte que consideró este caso, llevado a la sala para su dilucidación.

Consideré las normas nacionales e internacionales, como ciertamente se notó en la lectura de la sentencia, y en particular, destaqué un fallo de la Corte Interamericana, donde la Corte condenó al Estado colombiano en el caso de Vélez Restrepo contra Colombia. Al mismo tiempo, tuve en cuenta la Declaración Conjunta de 1999 de los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU, la OSCE y la OEA.

¿En qué medida, en su opinión, constituye una sentencia histórica para la seguridad de los periodistas en Paraguay? 

JR: Creo que es histórico, ya que es el primer fallo sobre el tema en Paraguay que condena a un autor moral o intelectual por el asesinato de un periodista, en abierta violación del derecho a la libertad de expresión.

Creo que con esta decisión, Paraguay ha saldado la deuda histórica de no emitir una sanción ejemplar por la muerte de Leguizamón. Esta sentencia sienta un precedente de que no se volverá a tolerar un hecho de similar gravedad. Por ello, creo que esta sentencia debe aportar más seguridad a los periodistas. Siempre que se viole el principio de la libertad de expresión, el Estado paraguayo, a través del Poder Judicial y del Ministerio Público, restablecerá el orden jurídico vulnerado.

¿Cómo cree que este "mensaje" ha sido o será recibido por quienes quieren silenciar a los periodistas? 

JR: De la misma manera que las personas que acabaron con la vida de Pablo Medina y su asistente Antonia Almada pretendían dejar un mensaje al asesinarlos, el Estado paraguayo, a través del Poder Judicial y el Ministerio Público, dejó un "mensaje claro" para todos aquellos que pretenden cometer este tipo de crímenes para silenciar a los periodistas. Y el mensaje fue muy claro: la impunidad no será tolerada nuevamente en este país. La condena por el crimen fue la más alta aplicada por un acto de este tipo. En estos momentos, otro de los coautores está pendiente de juicio.

La Jueza Janine Ríos es actualmente Jueza de Primera Instancia en lo Penal y Correccional de Menores de Curuguaty, Distrito Judicial de Canindeyú. Paraguay

Únase a nosotros este 1 de marzo de 20201 en la conferencia en línea "El rol del poder judicial y de la cooperación internacional para favorecer la seguridad de los periodistas - ¿Qué iniciativas funcionan?” para explorar formas eficaces sobre cómo los jueces, fiscales y abogados, así como los tribunales regionales de derechos humanos y los institutos de formación judicial pueden combatir la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Se prestará especial atención a los delitos específicos de género y basados en el género.