Una convención pionera

12/10/2020

En la década de 1950 se alzaron voces para denunciar el aumento del saqueo de sitios arqueológicos y el desguace de monumentos antiguos. El asunto ya se había discutido en el decenio de 1930 e incluso dado lugar a un proyecto de tratado internacional propiciado por la Sociedad de las Naciones. Es sin embargo tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto marcado por los movimientos independentistas cuando cobra impulso la cuestión del tráfico ilícito de bienes culturales. Los jóvenes Estados surgidos de estos movimientos, deseosos de recuperar los elementos de su patrimonio cultural conservados en los museos de sus antiguas metrópolis, hicieron campaña en favor de un tratado internacional que pusiera fin al expolio.

En abril de 1964, la UNESCO nombró un comité de expertos para elaborar recomendaciones con miras a una futura convención. Seis años después, nació la Convención. Primer instrumento de derecho internacional sobre la protección de bienes culturales en tiempo de paz, la Convención versa sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de dichos bienes. El documento fue aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en 1970 y entró en vigor el 24 de abril de 1972, tras haber sido ratificado por tres países: Bulgaria, Ecuador y Nigeria.

Los Estados signatarios se comprometen a adoptar medidas de protección en sus territorios (como la creación de inventarios nacionales o de unidades de policía especializadas), a controlar la circulación de los bienes culturales, en particular su importación ilícita, y a restituir los bienes robados. En 1978 se creó el Comité Intergubernamental para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita (ICPRCP, por su sigla en inglés). El Comité se ocupa específicamente de la devolución o restitución de objetos perdidos o expoliados, en particular en los casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Convención de 1970, que carece de efecto retroactivo. El conjunto de medidas se completó en 1995 con la adopción del Convenio UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, que abarca todas las piezas sustraídas, incluso las que no han sido inventariadas y declaradas, y estipula que todos los bienes robados deben ser devueltos. En 1999, la UNESCO publicó el Código Internacional de ética para marchantes de bienes culturales, que se ha convertido en una referencia para los marchantes de arte y antigüedades.

La Convención cuenta ahora con 140 Estados Partes. En sus 50 años de existencia, la UNESCO, a través de la Convención, ha realizado campañas de sensibilización, ha ayudado a decenas de países a elaborar leyes nacionales y medidas preventivas, y ha fomentado la restitución de los bienes culturales sacados ilegalmente de su territorio.

Al igual que el Museo Británico de Londres o el Museo Getty de Los Ángeles, muchos museos de todo el mundo han adoptado la fecha de la Convención de 1970 como el año a partir del cual debe cuestionarse la procedencia de los objetos, lo que dificulta la circulación de bienes objeto de un tráfico reciente.

 

Traficantes de arte, traficantes de almas, El Correo de la UNESCO, octubre-diciembre de 2020

 

Foto: © Carabinieri