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El Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal se compromete a dar fin a la impunidad de los delitos contra periodistas

01/04/2021

El 7 de marzo de 2021, en Kioto, Japón, el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal aprobó su Declaración final en la que se pide a los Estados Miembros actuar para "Investigar, enjuiciar y sancionar las amenazas y actos de violencia según su ámbito de competencia, cometidos contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, (…) con miras a acabar con la impunidad de los delitos cometidos contra ellos”.

Esta es la primera vez desde su creación en 1955 que el Congreso de las Naciones Unidas sobre el Crimen reconoció las amenazas específicas que enfrentan los periodistas debido a su papel para revelar la corrupción y el crimen organizado. Además, convocó a renovar la cooperación mundial para poner fin a la impunidad por los crímenes cometidos contra ellos.

Como guardianes públicos de nuestras sociedades, los periodistas enfrentan serias amenazas cuando cubren historias relacionadas con corrupción, crimen organizado y transnacional, violaciones de derechos humanos, trata de personas y delitos políticos. La comunidad internacional debe unirse para proteger a los periodistas y acabar con la impunidad por los crímenes y ataques que tienen como objetivo silenciarlos.

Guilherme Canela, jefe de la Sección de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas, UNESCO

According to UNESCO data, over 1,200 journalists have been killed between 2006 and 2020, with close to 9 out of 10 cases of these killings remaining judicially unresolved. The staggering rate of impunity for such crimes sends a chilling message and perpetuates a cycle of violence against journalists that deprives all citizens of their right to freedom of expression and access to information.

Since its creation, the UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice has had a significant impact in the field of crime prevention and criminal justice and has influenced national and international policies and professional practices. By committing to improve investigations and prosecutions for crimes and attacks against journalists, the final Declaration effectively set this issue within the wider framework of combating organized crime, which will serve to define the penal policy of the international community for the next five years.

In addition, the Declaration also called for “effective, accountable, impartial and inclusive institutions”, noting the fundamental need to guarantee the independence of the judiciary and to ensure “the fair, effective, accountable, transparent and appropriate administration and delivery of justice”. In line with the Sustainable Development Goal 16.10, the judiciary has a key role to play in tackling organized crime, as well as in protecting freedom of expression and the safety of journalists.

To that effect, since 2013, UNESCO and its partners have trained over 18,000 judicial actors and 8,500 security forces on international and regional standards on freedom of expression, in order to foster a freer and safer environment for journalists and media workers around the world.

Organized in a hybrid format, with in-person and virtual components, the Congress gathered over 5,600 participants, including representatives from 152 Member States, 37 intergovernmental organizations, 114 non-governmental organizations, 600 individual experts and a number of UN entities and institutes.

Según datos de la UNESCO, más de 1.200 periodistas fueron asesinados entre 2006 y 2020, cerca de 9 de cada 10 casos de estos asesinatos siguen sin resolverse judicialmente. La asombrosa tasa de impunidad por tales crímenes es un mensaje estremecedor que perpetúa un ciclo de violencia contra los periodistas y priva a los ciudadanos de su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

Desde su creación, el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal tuvo un impacto significativo en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal e influyó en las políticas y prácticas profesionales nacionales e internacionales. Al comprometerse a mejorar las investigaciones y juicios por los delitos y agresiones contra periodistas, la Declaración final situó efectivamente este tema en el marco más amplio de la lucha contra el crimen organizado, que servirá para definir la política penal de la comunidad internacional durante los próximos cinco años.

Asimismo, la Declaración también hizo un llamado por "instituciones eficaces, responsables, imparciales e inclusivas", señalando la necesidad fundamental de asegurar la independencia del poder judicial y de garantizar que "la administración y la impartición de justicia sean justas, efectivas, responsables, transparentes y apropiadas". De acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.10, el poder judicial tiene un papel fundamental que desempeñar en la lucha contra el crimen organizado, así como en la protección de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. En este sentido, desde 2013, la UNESCO y sus socios capacitaron a más de 18.000 actores judiciales y 8.500 efectivos de seguridad en estándares internacionales y regionales sobre libertad de expresión, con el fin de fomentar un entorno más libre y seguro para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación a nivel mundial.

Organizado en formato mixto, con componentes presenciales y virtuales, el Congreso reunió a más de 5.600 participantes, incluidos los representantes de 152 Estados miembros, 37 organizaciones intergubernamentales, 114 organizaciones no gubernamentales, 600 expertos individuales y varias entidades e institutos de Naciones Unidas.