Desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó en 2015 su Resolución 2199 exigiendo que se impida todo comercio de bienes culturales procedentes de Iraq y Siria, se han intensificado los esfuerzos para evitar que los grupos terroristas se financien gracias al tráfico ilícito de antigüedades. Una campaña mundial impulsada por la UNESCO reclama leyes más restrictivas a este respecto.
Samuel Hardy
El mercado de bienes culturales puede calificarse de “mercado gris”, en el que circulan mercancías “limpias” y otras de procedencia más dudosa. Aunque es difícil evaluar el monto exacto del tráfico ilícito, sí podemos hacernos una idea de su envergadura. El 15 de febrero de 2005, en una entrevista concedida al International Herald Tribune, el arqueólogo John Russell estimaba que desde marzo de 2003 hasta principios de 2005 se habían saqueado en Iraq entre 400.000 y 600.000 objetos antiguos que generaron entre 10 y 20 millones de dólares.
Es sumamente dificultoso acopiar estadísticas sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, incluso cuando se trata de delitos perpetrados por grupos “ordinarios” de delincuentes organizados en contextos relativamente estables. Esa dificultad aumenta en situaciones de conflicto armado, en las que un sinfín de grupúsculos de traficantes actúan en movimiento perpetuo dentro y fuera de los países afectados. Y la cosa se complica aún más cuando la guerra se nutre de la economía de guerra y viceversa. En Siria e Iraq se han presentado decenas de denuncias por robo sin prueba alguna para sustentarlas.
Además, aunque se posean pruebas documentadas, su interpretación puede resultar difícil. Los servicios de los Estados Unidos encargados de investigar la financiación del terrorismo señalan, por ejemplo, que el 15 de mayo de 2015, cuando las fuerzas especiales norteamericanas destacadas en Siria asaltaron el cuartel general de Abu Sayyaf –jefe del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL) para las operaciones de contrabando de petróleo, gas, minerales y antigüedades– encontraron recibos relacionados con el tráfico de bienes culturales. Esos documentos mostraban que el EIIL había percibido en la provincia de Deir ez Zor 265.000 dólares en cuatro meses por concepto del “khum” (gravamen tradicional de 1/5 sobre botines de guerra). Esto correspondería a ventas de antigüedades por un valor total de 1,32 millones de dólares, lo que significa que el volumen anual de negocios del tráfico ilícito de bienes culturales asciende tan sólo en esa provincia a unos cuatro millones de dólares, de los cuales 800.000 van a parar a las arcas del EIIL.
Este ejemplo es muy limitado. En efecto, la disponibilidad de antigüedades robadas y otras fuentes ilícitas de ingresos, así como las posibilidades de comercializarlas, son específicas de esa región concreta, e ignoramos por completo a qué personas, materiales y actividades benefician las ganancias. No obstante, cabe señalar que en cualquier economía, lícita o ilícita, toda ganancia es una fuente de financiación para el que cobra los impuestos.
Según la Oficina de Interpol en el Líbano, desde el comienzo de la guerra el tránsito de antigüedades sirias por el territorio libanés ha aumentado exponencialmente y está controlado por la delincuencia organizada. Pese a sus propios desafíos en materia de gobernanza y seguridad, el Líbano desarticula bandas de traficantes sin parar. Tan solo en 2016 se desmantelaron seis. Si otros países de tránsito y destino del tráfico se tomaran igualmente en serio la lucha contra esta plaga, se habrían desmantelado muchas más redes de comercio ilícito de antigüedades.
En otros países se han cosechado éxitos parecidos que ponen de manifiesto la amplitud de las estructuras del tráfico de antigüedades procedentes de zonas de conflicto. En Alemania, la policía detuvo a una banda que entre 2011 y 2014 robó objetos culturales para apoyar al EIIL y a los grupos rebeldes sirios Ahrar Al Cham y Jund Al Cham. Y en España, la Guardia Civil acabó en 2014 con un tráfico de antigüedades egipcias que financiaba al yihadismo.
También hay fracasos notorios, por desgracia. Según una investigación aún en curso revelada por la revista Paris Match Belgique el 27 de octubre de 2016, Jalid El Bakraui, autor del atentado suicida del 22 de marzo de 2016 en la estación de metro Maelbeek de Bruselas, había pedido entre 2013 y 2015 a tres compañías de seguros sendos rescates por obras de arte robadas en el Museo Van Buuren de Bélgica.
Pese a los desmentidos sobre su comercialización, siguen llegando al mercado antigüedades sirias e iraquíes, como lo demuestran hallazgos hechos en Bulgaria (2015), Eslovenia (2016), Francia (2016) y Hungría (2017). Los arqueólogos Mark Altaweel y David Gill denunciaron respectivamente, en julio de 2015 en el diario The Guardian y en abril de 2016 en Channel 4, que en el Reino Unido se habían interceptado y puesto en venta con publicidad antigüedades procedentes de zonas en conflicto.
Aunque no hay constancia oficial, el Director General de Museos y Antigüedades de Siria declaró a Al-Masdar News en mayo de 2017 que “varias naciones europeas” habían interceptado y restituido bienes culturales robados en su país. Y en 2017 la Dirección General de Antigüedades del Líbano aseguró al Daily Star que entre 2012 y 2014 se habían devuelto al menos 300 bienes culturales a Siria. Entre ellos figuraban objetos saqueados en Palmira antes de que cayera en manos del EIIL, esto es, cuando los vestigios arqueológicos de esa ciudad estuvieron bajo el control sucesivo del Ejército Sirio Libre y de las autoridades de la República Árabe Siria. Sea como fuere, desde 1990 en el caso de Iraq y desde 2011 en lo que respecta a Siria, se han decomisado en Oriente Medio y otras regiones del mundo decenas de miles de piezas auténticas, así como reproducciones, imitaciones y falsificaciones de las mismas.
Desde 2011, la mayoría de las antigüedades robadas no se han restituido a Siria. Esto obedece probablemente a dos factores: la dificultad de atribuir a un Estado moderno la propiedad de objetos antiguos en función de su estilo; y la desaparición de las pruebas científicas y jurídicas acreditativas de la pertenencia de los objetos al país de procedencia, debido a su destrucción deliberada por parte de saqueadores, traficantes, vendedores y coleccionistas. A esto se añaden las trabas jurídicas ocasionadas por la falta de reconocimiento internacional de determinadas entidades paraestatales o la explotación política de la diplomacia cultural. Todavía hoy Iraq tiene dificultades para recuperar antigüedades robadas en los conflictos de 1990 y 2003.
Para luchar en el futuro contra el tráfico de antigüedades procedentes de zonas de conflicto, es preciso admitir que la plaga actual viene de antiguo. Lo que está ocurriendo en Siria e Iraq no es algo nuevo ni fortuito. A principios del decenio de 1990, los servicios de seguridad yugoslavos recurrían a anticuarios para “blanquear” obras de arte robadas. En Colombia, los paramilitares de extrema derecha también traficaban con objetos artísticos. En Sri Lanka, a finales de ese mismo decenio, los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil vendían antigüedades para financiarse. En esa misma época, los saqueos, extorsiones, y tráficos ilegales perpetrados primero por yihadistas y muyahidines, y después por la Alianza del Norte y los talibanes, aún activos, destrozaron para siempre el patrimonio cultural de Afganistán. En el Líbano, las milicias saquearon y exportaron antigüedades durante la guerra civil (1975-1990).
El tráfico de antigüedades, en cuanto crimen de Estado, se remonta por lo menos a un siglo y medio. Fue practicado por la junta militar argentina para remunerar a sus sicarios, por los comunistas búlgaros para otorgarse sobresueldos y por los jemeres rojos camboyanos para financiarse con el producto de sus saqueos. En un sinfín de ocasiones las antigüedades robadas en zonas de guerra se venden en mercados locales, regionales e internacionales de todo el mundo. Unas veces, por la inexistencia de una reglamentación eficaz en los países creadores de la demanda, cuyos mercados, de hecho, han subvencionado los conflictos. Otras veces, los Estados se han convertido en cómplices del tráfico al financiar a mandatarios, aliados o grupos armados. Por último, algunos Estados han permitido y supervisado meticulosamente el mercado ilícito.
Ante evidencias semejantes, es imposible apoyar los falsos argumentos de quienes pretenden que la financiación de los conflictos armados con el tráfico de antigüedades es pura imaginación, que no desempeña ningún papel importante en esos conflictos y que puede erradicarse tomando medidas excepcionales contra determinados grupos. Sólo hay un medio para restringir el tráfico: vigilar y reglamentar el mercado de antigüedades procedentes de zonas de conflicto.
Para responder a la violencia terrorista del EIIL, del Frente Al Nosra (FAN) y otros grupos vinculados a Al Qaeda, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó en 2015 la Resolución 2199, que pide reforzar las sanciones financieras contra esas organizaciones para limitar sus acciones violentas mediante el bloqueo de sus fuentes de financiación y gastos, en particular los ingresos generados por el saqueo, contrabando y comercio ilícito de bienes culturales.
En la Resolución 2199 se reafirman además las decisiones adoptadas por el Consejo en su Resolución 1483 de 2003, que exigía a los Estados adoptar medidas para impedir el comercio y las transferencias de propiedad de bienes culturales sustraídos ilícitamente del Iraq –desde el 6 de agosto de 1990– y de Siria –desde el 15 de marzo de 2011– a fin de facilitar su restitución en buen estado a los pueblos iraquí y sirio en el futuro.
Más tarde, en su Resolución 2253 adoptada en 2015, el Consejo pidió a los Estados que rindieran cuentas de los decomisos de objetos culturales procedentes de Iraq y Siria, así como de las diligencias judiciales incoadas contra traficantes de antigüedades que financian al EEIL, el FAN, Al Qaeda y sus aliados. Esas medidas concretas se completaron luego en la Resolución 2347 aprobada en 2017, que invita a los Estados a impedir el comercio y las transferencias de propiedad de bienes culturales desde cualquier zona donde haya estallado un conflicto (véase la pág. 7).
Varios Estados afirman haber adoptado medidas para aplicar la Resolución 2199. Chipre, por ejemplo, revisó sus procedimientos para facilitar la aplicación de la ley. Pakistán se esforzó por mejorar las capacidades de sus agentes de policía y aduanas para luchar contra el tráfico ilícito, difundiendo entre ellos la Lista Roja de bienes culturales sirios en peligro del Consejo Internacional de Museos (ICOM). Las autoridades de Canadá, Chequia, Francia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Pakistán, entre otros países, han reforzado los controles aduaneros.
Alemania realizó una importante labor legislativa y promulgó en 2016 una Ley de protección de la propiedad cultural que universaliza el deber de diligencia en las operaciones comerciales y en la conservación de documentos de las transacciones. Siguiendo el ejemplo alemán, el Consejo de Europa ha adoptado en 2017 un nuevo Convenio sobre las infracciones cometidas contra bienes culturales abierto actualmente a la firma de los Estados. Su texto colma numerosas lagunas, al penalizar la importación, adquisición y comercialización de bienes culturales producto de robos, saqueos o exportaciones ilegales. Como hasta ahora se había deplorado que se permitiera a los infractores proseguir sus actividades comerciales, este convenio contiene una disposición de gran importancia: privar a los culpables del derecho a ejercer el comercio de bienes culturales.
Sin embargo, muchos de los Estados que han “hecho algo” desde un punto de vista estrictamente técnico, en realidad sólo han reiterado su conformidad con las medidas generales ya existentes. Por eso, la UNESCO ha pedido una vez más a sus Estados Miembros que adopten un mínimo de medidas concretas, como comunicar los decomisos de objetos culturales procedentes de zonas de conflicto. La Organización también ha instado a que las disposiciones de las Resoluciones 2199 y 2253 del Consejo de Seguridad se incluyan en las legislaciones de los Estados Partes en la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales.
Monumentos en peligro El Correo de la UNESCO 1965-1
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En busca del arte perdido El Correo de la UNESCO 1999-3
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