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Amr Al-Azm: “Hay que sancionar también a los compradores”

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En 2010, saqueadores y picapedreros sustrajeron elementos de un friso en el sitio de Hatra (Iraq).

En los dos últimos decenios, el tráfico de antigüedades de origen ilícito procedentes de las regiones en guerra del Oriente Medio ha ido en aumento. Aunque la comunidad internacional ha llegado a un consenso de principio para condenarlo, en la práctica resulta difícil contrarrestarlo. En opinión de Amr Al-Azm, arqueólogo y profesor de la Shawnee State University (Ohio, Estados Unidos) especializado en historia y antropología del Oriente Medio, es imprescindible atajar esta lacra imponiendo sanciones más rigurosas a los compradores de bienes culturales saqueados o sustraídos.

Entrevista realizada por Laetitia Kaci
UNESCO

¿En qué medida están expuestos a saqueos los museos y sitios arqueológicos que se hallan en zonas afectadas por conflictos armados?

En un conflicto armado, el Estado pierde el control de determinadas partes de su territorio, y al debilitarse sus instituciones, no está en condiciones de proteger ni a sus habitantes, ni las zonas ocupadas por ellos. Los sitios arqueológicos y museos se ven también desprotegidos, lo que abre paso a la perpetración de excavaciones ilegales y robos. Muy a menudo, los saqueos son obra de simples ciudadanos para los que comerciar con los objetos sustraídos es un medio de subsistencia. Por su parte, las organizaciones terroristas sacan también tajada de la situación, aunque sólo son uno de los elementos que conforman el tráfico de obras de arte.

En realidad, la existencia de redes de traficantes de bienes culturales data de tiempos remotos. En el Oriente Medio concretamente, ya estaban manos a la obra mucho antes de que esta región del mundo se viera azotada por los conflictos de los últimos decenios. Antaño, los saqueadores solían confabularse con funcionarios civiles y militares corruptos. Hoy en día, pese a los cambios ocurridos en la situación geopolítica, la índole de esas redes sigue inalterada porque los traficantes se han adaptado a las circunstancias imperantes y solamente han cambiado sus cómplices. Ahora colaboran y se compinchan con los nuevos grupos de poder creados, que en algunas regiones están constituidos por organizaciones terroristas.

¿Por qué esas organizaciones atacan y saquean el patrimonio cultural? ¿Solamente para financiar así sus actividades?

El tráfico ilícito de obras de arte, al igual que el de recursos naturales y la extorsión de impuestos ilegales a la población civil, constituye efectivamente una fuente de financiación para los grupos terroristas. Pero esto no es lo único que les motiva.

Los grupos terroristas son conscientes de la importancia que tiene el patrimonio cultural. Cuando atacan sitios culturales suelen hacerlo con la intención de causar el mayor número posible de destrozos materiales y traumas morales. Bien es sabido que toda desestabilización política pone de hecho en peligro la identidad cultural de un país. Por ejemplo, cuando el llamado Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL, conocido también como Dáesh) atacó y destruyó monumentos tan importantes como el templo de Bel, en Palmira, y las colecciones del Museo de Mosul (Iraq), se trató de un acto delibrerado de propaganda para demostrar su impunidad y, de este modo, dejar al descubierto la impotencia de las autoridades locales y de la comunidad internacional.  

Esos grupos suelen convertir también sitios culturales famosos en objetivos de sus estrategias militares. En efecto, saben que pueden servirles de escudo contra ataques y bombardeos debido a la importancia que la comunidad internacional otorga al patrimonio cultural. En 2015, por ejemplo, cuando el EIIL asedió el sitio de Palmira, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, ningún Estado miembro de la coalición adversa se arriesgó a bombardearlo con sus fuerzas aéreas.

Debido al gran aumento del tráfico de bienes culturales en Oriente Medio, en 2015 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad su Resolución 2199 en la que insta a los Estados a impedir las transacciones de bienes culturales procedentes de países en guerra, incluso mediante la prohibición de su comercio transfronterizo. No obstante, al mercado del arte siguen llegando sin parar objetos de esos países. ¿Cómo se explica esto?

En la mayoría de los países donde el mercado del arte está reglamentado legalmente, la destrucción y sustracción de bienes culturales constituyen delitos graves perseguidos por los tribunales penales. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la detentación de esos bienes.

En efecto, hoy en día se pueden incoar efectivamente diligencias penales contra una empresa de subastas, un museo, o un particular coleccionista de obras de arte, acusados de detentar objetos culturales procedentes de zonas de guerra, pero el rumbo que tome la causa judicial dependerá de la jurisdicción civil del país de quien compró el bien cultural en cuestión. La sanción más dura prevista para los detentadores de esos objetos consiste simplemente en condenarles a que los restituyan al país de origen. Las instituciones o anticuarios declarados culpables pueden ser objeto de una amonestación, pero nada más. Hoy en día, circulan de manera ilegal en el mundo decenas de miles de piezas de arte. Para los compradores o vendedores, la eventualidad de tener que restituir una de ellas de vez en cuando representa un riesgo asumible.

Pese a la aprobación de la Resolución 2199, los instrumentos jurídicos adecuados para aplicarla tardan en crearse en los países que autorizan el comercio de obras de arte. Para que cambie este estado de cosas, es menester que los países tengan la firme voluntad de llevar ante los tribunales penales a los responsables del tráfico ilícito. Además, para que sean realmente disuasorias las sanciones impuestas deben ser más severas.

También deben cambiar las mentalidades. El año pasado, por ejemplo, la casa de subastas Christie’s puso en venta un busto de Tutankamón sustraído en Egipto. Como no parecía ofrecer duda alguna de que había sido robado, se produjo un gran alboroto. Pero toda la controversia suscitada giró en torno a la fecha del robo, para tratar de averiguar si la sustracción del busto se había perpetrado antes o después de la entrada en vigor de la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, y determinar así si este objeto se había puesto en venta legalmente en el mercado del arte. Sin embargo, a nadie pareció preocuparle mucho el robo propiamente dicho, cuando obviamente es un acto delictivo condenado por el derecho penal.

Mientras no se realicen cambios profundos en nuestras sociedades, el tráfico ilícito seguirá proporcionando al mercado del arte objetos ilegalmente adquiridos, procedentes o no de países en guerra.

¿Qué grado de responsabilidad tienen en el pillaje y el tráfico ilícito las empresas de subastas, los museos y los coleccionistas de arte privados?

La respuesta es muy sencilla. En ningún mercado hay oferta sin demanda. En el mercado del arte tenemos, por un lado, la oferta representada por los saqueadores presentes en los sitios arqueológicos, que proporcionan objetos a las redes de traficantes. Por otro lado, tenemos la demanda representada por los compradores. Las autoridades gubernamentales sólo abordan una parte del problema al centrarse en la represión de la oferta, y por eso es absolutamente necesario que elaboren nuevas estrategias. Toda empresa de subastas convicta de vender antigüedades saqueadas en países en guerra debería ser juzgada por delito grave ante un tribunal penal, en aplicación de las leyes de represión del terrorismo. Reprimir la oferta sí, pero también la demanda, y castigar por igual a saqueadores y compradores.

¿Se puede establecer un paralelismo con los tráficos de armas y drogas que también hacen estragos en la región?

Todo tráfico de obras de arte y antigüedades empieza con la realización de excavaciones clandestinas en sitios arqueológicos y prosigue con la salida oculta del botín rapiñado en ellos, la primera venta de las piezas sustraídas y el contrabandeo de estas por varios países hasta hacerlas llegar al mercado del arte donde se venderán de nuevo, con miras a que finalicen su largo itinerario en una sala de exposiciones o una colección privada.

Este dilatado proceso requiere del concurso de muchos participantes organizados en vastas redes bien implantadas, semejantes a las de los traficantes de armas y drogas.

El tráfico de obras de arte saqueadas en zonas de guerra –llamadas por algunos “antigüedades de sangre”, denominación que no considero muy adecuada– es tan sólo una parte de las diversas actividades ilegales llevadas a cabo por las redes delictivas. Es frecuente que los servicios aduaneros decomisen armas y antigüedades ocultas en un mismo contenedor.

De hecho, los diversos tráficos ilícitos están estrechamente vinculados entre sí porque son muy lucrativos. La única diferencia entre ellos son las penas impuestas a los delincuentes. Una persona arrestada por receptar un kilo de heroína irá la cárcel, pero si en vez de droga oculta una obra de arte robada, lo más que le puede pasar es que tenga que devolverla.

¿Podremos vislumbrar el fin del tráfico de bienes culturales algún día?

Muchos países toman medidas de ámbito nacional para ponerle término. En el Oriente Medio, por ejemplo, la gran mayoría de los países de la región han prohibido el comercio de antigüedades. Por eso, si se da el caso de que en el mercado del arte se pone en venta un objeto procedente de Libia, por ejemplo, se puede tener la total seguridad de que se trata de un bien cultural adquirido ilegalmente.

En el plano internacional, varias organizaciones prestan apoyo a las autoridades nacionales para desmantelar las redes de traficantes. Por ejemplo, la UNESCO tiene a su disposición una Base de datos sobre las leyes nacionales del patrimonio cultural, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) una Lista Roja de bienes culturales en peligro y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) una Base de datos sobre obras de arte robadas que se actualiza periódicamente.

Sin embargo, también es menester intensificar en el plano local el combate contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Las instituciones importantes tienden demasiado a menudo a dejar de lado a las comunidades locales en esta lucha y a limitar el alcance de esta a una labor realizada directa y casi exclusivamente en las instancias gubernamentales.

Ahora bien, en las regiones donde las guerras causan estragos y los organismos gubernamentales son endebles, quienes están en primera línea de ese combate son las comunidades y las ONG locales, así como los profesionales y las partes interesadas que se hallan sobre el terreno.

En enero de 2018, dos misiles dirigidos contra el edificio del museo de Ma'arrat Al-Numan (Siria) ocasionaron graves destrozos en su estructura. Gracias al concurso de la población de esta ciudad, y más concretamente del director del museo, un equipo de expertos del que yo mismo formaba parte pudo desplazarse allí para inventariar in situ los estragos y prestar una primera ayuda. Sobre la base del informe elaborado por el equipo y transmitido directamente a la UNESCO, esta decidió aportar ulteriormente una ayuda financiera y técnica para evitar el derrumbe del edificio. Esta operación conjunta ha permitido salvar el museo e impedir la desaparición de una de las colecciones más hermosas de mosaicos romanos y bizantinos de Siria.

Es preciso replantearse los métodos de lucha contra este tráfico existente desde tiempos inmemoriales. Si se quiere acabar con él de una vez por todas, es indispensable que las distintas partes interesadas en su erradicación colaboren en los planos internacional, nacional y local.

Más información:

Los bienes culturales, elementos de los conflictos armados

Ahmad Al Faqi Al Mahdi: “Me declaro culpable”, El Correo de la UNESCO, octubre-diciembre de 2017
Una resolución histórica, El Correo de la UNESCO, octubre-diciembre de 2017
Salvar Angkor, El Correo de la UNESCO, diciembre de 1971
La bandera de nuestro patrimonio cultural, El Correo de la UNESCO, julio de 1954

 

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