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Nueva tendencia: financiar la resiliencia de la naturaleza

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Delta do Rio Colorado, perto de San Felipe, no estado mexicano de Baja California, em 2011.
Delta del río Colorado en las proximidades de San Felipe (Estado de Baja California, México), 2011.

Adoptar soluciones basadas en la naturaleza. Esta es la cuestión estratégica abordada en el Informe Mundial 2018 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. La emisión de obligaciones “verdes” para atraer inversiones en infraestructuras que garanticen en el futuro la sostenibilidad de recursos naturales como los hídricos, es una tendencia relativamente reciente. La adopción de criterios mundiales de notación para esas obligaciones podría contribuir a una transformación de los mercados financieros y un aumento de las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza.

John H. Matthews, Lily Dai y Anna Creed

Los especialistas del clima prevén que de aquí a finales de siglo la temperatura de la Tierra va a aumentar entre 4ºC y 6ºC. Al mismo tiempo, en nuestro planeta ha comenzado ya una era de urbanización sin precedentes que trae consigo un enorme aumento de las infraestructuras. Si se quiere garantizar un desarrollo sostenible, es preciso que esas infraestructuras sean bajas en carbono y resilientes al cambio climático, sin que comprometan además el tipo de crecimiento imprescindible para mejorar los medios de subsistencia y el bienestar de las poblaciones más vulnerables. 

El Informe sobre la Nueva Economía Climática 2016, publicado por la Comisión Mundial sobre la Economía y el Clima con el título “The Sustainable Infrastructure Imperative” (El imperativo de las infraestructuras sostenibles), señala que para garantizar la construcción de infraestructuras bajas en carbono es preciso aumentar las inversiones entre un 3% y un 4% anual, hasta alcanzar la suma de 6,2 billones de dólares. Además, el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2016, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el título “The Adaptation Finance Gap” (La Adaptación de la Brecha Financiera), indica que la adaptación al cambio climático necesitará de aquí a 2050 importantes inversiones suplementarias por un monto anual de 280.000 a 500.000 millones de dólares, incluso en la hipótesis de que la temperatura en ese periodo de tiempo aumente tan sólo en 2ºC.

De aquí a 2030, los gobiernos y bancos comerciales que tradicionalmente vienen financiando las infraestructuras no podrán cubrir en su totalidad las necesidades en capital exigidas. De ahí que se contemple cada vez más la posibilidad de que algunos inversionistas institucionales –en particular, fondos soberanos y de pensiones– actúen eficazmente para colmar ese déficit de capital.

En estos últimos tiempos han surgido instrumentos financieros clave para adoptar soluciones basadas en la naturaleza. Se trata de las llamadas obligaciones “verdes”, que ofrecen la posibilidad de movilizar capitales para inversiones ecológicamente sostenibles. El mercado de este tipo de obligaciones hizo su aparición en la esfera internacional hace solo un decenio.

Fue en 2007 cuando el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Mundial crearon un mecanismo de préstamo aplicado a la financiación de proyectos medioambientales y emitieron las primeras obligaciones “verdes” o “climáticas”. Aunque estos dos adjetivos se suelen emplear indiferenciadamente, los procedimientos relativos a la financiación de proyectos sobre el cambio climático se han ido afinando y la denominación de obligaciones “climáticas” se aplica a las destinadas a movilizar capitales para contrarrestar ese cambio o adaptarse al mismo. El prestigio de esas dos instituciones bancarias inspiró confianza a los mercados financieros, lo que hizo que un grupo de donantes e instituciones multilaterales siguieran posteriormente su ejemplo.

Las obligaciones “verdes” o “climáticas” tuvieron un impacto reducido hasta 2013 aproximadamente, habida cuenta de que se trataba de un tipo de inversión relativamente limitado a un mercado específico. Sin embargo, ese año las emisiones de obligaciones se triplicaron hasta alcanzar unos 10.000 millones de dólares, ya que hubo bancos comerciales y empresas que empezaron a promover esta clase de mercado financiero. El crecimiento prosiguió y se amplificó en años sucesivos hasta alcanzar 86.100 millones de dólares en 2016 y superar un monto total de 100.000 millones en 2017.

Ese monto total destinado a financiar proyectos relativos al clima es equiparable a la suma de 100.000 millones de dólares para adaptarse al cambio climático que prevé lograr de aquí a 2020 el Acuerdo de París, adoptado en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y vigente desde el 4 de noviembre de 2016. Tan solo en China, el monto de las obligaciones “verdes” o “climáticas” superó la cifra de 36.200 millones de dólares en 2016.

¿Hasta qué punto son ecológicas las obligaciones “verdes”?

Aunque el mercado de obligaciones “verdes” ha crecido rápidamente, algunos inversionistas temen que su credibilidad pueda ponerse en tela de juicio, habida cuenta de los interrogantes que se plantean actualmente. ¿Hasta qué punto son ecológicas esas obligaciones “verdes”? ¿La contingencia de efectuar inversiones improductivas podría provocar un riesgo sistémico en este tipo de mercado financiero, o incluso su colapso?

Varias ONG dedicadas a examinar las cuestiones de sostenibilidad en los medios financieros y grupos de inversionistas llegaron a la conclusión de que era preciso establecer normas abiertas e independientes, especialmente en el ámbito de los recursos en agua dulce. En efecto, muy a menudo la importancia de éstos se les escapa a los inversionistas porque tardan en percatarse de la relación que guardan con la energía, la agricultura y los proyectos urbanísticos, así como de las repercusiones que un proyecto relativo al agua de una cuenca hidrológica puede tener sobre otros elementos y sistemas de ésta.

Un consorcio de ONG integrado por la organización “Ceres”, la iniciativa “Climate Bonds”, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), la organización CDP, el Instituto Hídrico Internacional de Estocolmo (SIWI) y la Alianza para la Adaptación Global del Agua (AGWA), coordinó a mediados de 2014 la elaboración de una serie de criterios para evaluar la calidad de las inversiones relativas al agua, en función de su pertinencia para la atenuación del cambio climático y la adaptación a éste. Este consorcio creó un conjunto de grupos de trabajo, técnicos y empresariales, para establecer criterios de notación destinados a evaluar a los emisores de bonos y auditores, a fin de que las obligaciones “verdes” o “climáticas” inspiraran confianza a los inversionistas. 

Evaluar las soluciones basadas en la naturaleza

Esos criterios permiten evaluar eficazmente no sólo la contribución potencial de las obligaciones “verdes” a la resiliencia del clima y la adaptación al cambio climático, sino también su impacto medioambiental. Los ingenieros, científicos y gestores de recursos comprenden bien estas cuestiones, pero los grupos financieros y fondos de inversión tienen un grado de comprensión mucho más limitado de esta problemática, incluso a nivel elemental. Iniciada en octubre de 2016, la primera fase de elaboración de los criterios se centró en las inversiones clásicas en infraestructuras hidráulicas “grises” de recogida, transporte y tratamiento de aguas residuales y pluviales, sin incluir las destinadas a la producción de energía hidroeléctrica.

Es muy alto el riesgo de que las soluciones basadas en la naturaleza –o lo que es lo mismo, las inversiones en infraestructuras “verdes” e híbridas– sean objeto de un “ecoblanqueo” que las “enverdezca” ficticiamente mediante prácticas publicitarias engañosas. Cabe señalar a este respecto que no existen normas científicas para evaluar esas soluciones, y mucho menos todavía la capacidad para certificar que los ecosistemas concernidos podrán resistir a los efectos del cambio climático.

Consciente de esta carencia, la Fundación Rockefeller apoyó en 2016 la segunda fase de elaboración de criterios destinados a evaluar y calificar soluciones basadas en la naturaleza en el ámbito de los recursos hídricos. Estas soluciones radican explícitamente en la utilización de los ecosistemas para que proporcionen servicios comparables a los de las infraestructuras “grises”, en particular mediante infraestructuras denominadas “naturales”, o “verdes” e híbridas. Esos servicios pueden incluir: la recogida, transporte y vertido de aguas pluviales, así como la protección contra inundaciones, recurriendo a los ecosistemas ribereños; el tratamiento de las aguas de humedales; y el almacenamiento de agua en acuíferos. Estos criterios suplementarios se han hecho públicos a principios del presente año.

El conjunto de los criterios elaborados en las dos fases permite evaluar no sólo el impacto de las soluciones basadas en la naturaleza en la atenuación del cambio climático, sino también su capacidad para adaptarse a éste.

En mayo de 2016, la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco (California, EE.UU.) emitió la primera tanda de obligaciones relativas al agua por un monto de 240 millones de dólares, a la que siguió una segunda de 259 millones en diciembre del mismo año. Ambas emisiones se certificaron conformes a la Norma de Obligaciones Climáticas (NOC), un instrumento de selección destinado a los inversionistas en el que se precisan los criterios que se deben cumplir para que las obligaciones se homologuen como “verdes” o se asignen a la financiación de proyectos de infraestructuras hidráulicas bajas en carbono.

En julio de 2017, fue la Ciudad de El Cabo quien emitió la primera serie de obligaciones “verdes” de Sudáfrica por un valor de 1.000 millones de rands. Tres meses después, en septiembre, el diario China Daily anunció que la entidad financiera estatal Banco de Desarrollo de China (CDB) iba a emitir obligaciones “verdes” por un monto de 5.000 millones, a fin de financiar la protección de los recursos hídricos en el cinturón económico de la cuenca del río del Yangtsé.

Los éxitos cosechados por la emisión y venta de éstas y otras obligaciones del mismo tipo, conformes a la NOC, indican que la mentalidad de los inversionistas ha cambiado considerablemente. Hasta la fecha se habían emitido obligaciones conformes a los criterios “grises” por valor de más 1.000 millones de dólares. Cabe esperar que las soluciones basadas en la naturaleza, conformes a los nuevos criterios integrados, alcancen rápidamente esa cifra.

En estos tiempos de transformaciones medioambientales y climáticas, estos criterios están contribuyendo a introducir cambios en el mundo de las finanzas.

Más información:

Todos los años, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo), el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO (WWAP), en estrecha colaboración con los miembros y asociados del Programa ONU-Agua, publica el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos (WWDR), documento emblemático del grupo de coordinación de las Naciones Unidas dedicado a tratar diversas cuestiones estratégicas relacionadas con el agua.

El mercado de obligaciones verdes (2012-2017) 

Anna Creed

Anna Creed (Reino Unido) dirige la sección de normas de la Iniciativa “Climate Bonds”.

 

Lily Dai

Lily Dai (China) es analista e investigadora principal de la Iniciativa “Climate Bonds”.

 

John H. Matthews

John H. Matthews (Estados Unidos) es coordinador de la Alianza para la Adaptación Global del Agua (AGWA), hospedada por el Banco Mundial y el Instituto Hídrico Internacional de Estocolmo (SIWI).