Derecho a la educación - Apoyo y colaboración

La UNESCO fomenta y da seguimiento a las normas y los estándares de educación con el objetivo de promover la implementación del derecho a la educación a nivel nacional. El derecho a la educación se realiza sólo mediante una implementación concreta y una aplicacion eficaz, y es responsabilidad que recae en los Estados.

Las obligaciones jurídicas y los compromisos políticos para proporcionar los instrumentos normativos en derechos humanos deben quedar plasmados en las constituciones nacionales y legislaciones, a fin de que puedan aplicarse en las políticas y programas concretos.

La preocupacion principal en el seguimiento de la aplicación de los instrumentos normativos de la UNESCO es, por lo tanto, garantizar que los compromisos contraídos por los Estados Miembros queden integrados a los sistemas jurídicos nacionales. La responsabilidad fundamental recae en los gobiernos.

La UNESCO ayuda a los Estados Miembros a plasmar las obligaciones internacionales en las leyes y políticas nacionales, así como a incrementar la concienciación en cuanto a los desafíos y problemas fundamentales.

Las bases jurídicas en los sistemas nacionales.

El derecho a la educación sólo puede ponerse al alcance de los beneficiarios cuando las obligaciones del Estado quedan plasmadas en el sistema nacional jurídico y que, en consecuencia, se garantice su aplicación. Es crucial que el derecho a la educacion esté debidamente integrado en todas sus dimensiones.

Al cumplir esta función, la UNESCO da seguimiento al derecho a la educación, presta asesoramiento normativo y asistencia técnica a los Estados Miembros que buscan desarrollar o reformar sus marcos jurídicos en este ámbito. Entre los países que se han beneficiado directamente de dicha ayuda se encuentran Afganistán, Kenya, la República de Moldova, Indonesia, Camboya, Letonia y Nigeria.

La Asistencia ha sido ofrecida, en una escala limitada, por solicitud de los Estados Miembros. Entre 2010 y 2011, la UNESCO impulsó en los Estados Árabes una ley y un examen de políticas sobre el proyecto piloto a escala regional, centrado en disposiciones acerca de la igualdad de género. Se trató de un esfuerzo con miras a sensibilizar a los gobiernos de estos países acerca de la importancia de garantizar derechos basados en leyes sobre educación, sensibles a la inclusión y la igualdad de género, así como brindar una base empírica con miras al asesoramiento y a las recomendaciones, en un esfuerzo encaminado a generar peticiones de reformas jurídicas.

Entre 2014 y 2015, la UNESCO preparó el documento Orientaciones para la revisión de la legislación y las políticas en el ámbito del derecho a la educación con miras a prestar ayuda a los Estados Miembros en la revisión de sus marcos jurídicos y políticos, así como a contribuir al fortalecimiento de las bases del derecho a la educación en los sistemas jurídicos nacionales. Esas Orientaciones ayudan a los países a evaluar la compatibilidad de sus marcos jurídicos con las disposiciones de los instrumentos normativos internacionales que tengan en cuenta el derecho a la educación, con el que se encuentran comprometidos desde el punto de vista jurídico.

La nueva Agenda mundial Educación 2030 y el ODS 4 proporcionan a los Estados Miembros una oportunidad estratégica con miras a revisar y reformar sus marcos jurídicos nacionales en armonía con los compromisos internacionales y las obligaciones jurídicas del Estado conforme a los instrumentos  normativos a fin de cumplir con el derecho a la educación para todos.

En 2016 fue presentado el proyecto piloto de la UNESCO titulado Creación de Capacidades para la EPT y en el contexto de la nueva agenda con el propósito de ayudar a los países menos desarrollados seleccionados en sus esfuerzos por plasmar los objetivos de la meta 4 del ODS, así como las estrategias indicativas, en las políticas y prácticas de la educación nacional.

Implementación y justiciabilidad

Cuando se viola el derecho a la educación, los ciudadanos pueden recurrir a recursos legales ante los tribunales de justicia o los tribunales administrativos. El poder judicial desempeña un papel esencial en la defensa del derecho a la educación como derecho fundamental. A las organizaciones de derechos humanos en la esfera nacional, así como a los mediadores, les corresponde desempeñar también un papel fundamental.

El primer Grupo Mixto de Expertos de la UNESCO (CR)/Consejo Económico y Social (CESCR) sobre el seguimiento del derecho a la educación, hizo hincapié en la preocupación principal en torno a la justiciabilidad del derecho a la educación y recomendó realizar investigaciones y estudiar toda la jurisprudencia disponible.