Semana de Acción Mundial para la Educación - La educación es un bien público y una obligación moral

El Dr. Kishore Singh, Relator Especial de las Naciones Unidas para el derecho a la educación desde agosto de 2010, dispone de una larga experiencia profesional en lo tocante al derecho a la educación. El Dr. Singh ha presentado informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre ámbitos de atención prioritaria para la comunidad internacional y ha contribuido desde hace mucho tiempo al desarrollo y la promoción de la educación como un derecho internacionalmente reconocido.

El Relator Especial habló con la UNESCO durante la Semana de Acción Mundial para la Educación, cuyo tema este año es ‘Financiar el futuro’. La UNESCO se ha comprometido con la visión de la educación como derecho humano y como bien común mundial, accesible a todos. Aunque la prestación de servicios educativos es primordialmente una responsabilidad del Estado, las asociaciones entre el sector público y el privado desempeñan una función cada vez más importante, tal como expresa el Marco de Acción de Educación 2030.

La educación es un bien público y un derecho humano. ¿Qué deben hacer los gobiernos para asegurarlo?

La educación es un derecho humano fundamental del que se benefician tanto el individuo como la sociedad. Es un bien público y debe ser disfrutado por todo el mundo, en todas partes. La Declaración Universal de Derechos Humanos estipula claramente que todo el mundo tiene derecho a la educación. Nadie debe ser despojado de este derecho inalienable por causa de su condición social, su situación económica o su propiedad. La discriminación o la negación del acceso a la educación por estos motivos están prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. La educación como base del desarrollo humano es de la máxima importancia para el bienestar común y depende de que el concepto de educación en tanto que bien público, consagrado en la Declaración de Incheon (mayo de 2015), se respete plenamente y no se ponga en peligro.

Tal como he manifestado en mis informes a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos, los gobiernos deben proteger la educación ante las fuerzas de la privatización y salvaguardarla en tanto que bien público.

¿Qué debe hacerse para garantizar la financiación necesaria para el ODS4?

Es lamentable que en una época en que los gobiernos han aprobado la Declaración de Incheon, que contiene un compromiso con el ODS4, se manifieste una tendencia hacia la reducción de las inversiones en educación.  Esto es motivo de grave preocupación, ya que los gobiernos parecen estar abandonando su responsabilidad fundamental de proporcionar educación pública gratuita y de buena calidad a todos los niños. La presencia del sector privado en la educación, que aumenta rápidamente, induce a los gobiernos de muchos países en desarrollo a reducir las inversiones en el sector educativo.

Por consiguiente, debemos poner de relieve la cláusula de la Declaración de Incheon que insta a los gobiernos a dedicar a la educación entre el 15 y el 20 por ciento del presupuesto nacional, o del 4 al 6 por ciento del PIB. La inversión pública en la educación en tanto que prioridad principal del desarrollo, no sólo es una obligación legal sino también un imperativo moral para los gobiernos.  

¿Cuáles son las estrategias de financiación alternativas?

Los gobiernos pueden echar mano de muchas otras modalidades para reforzar las inversiones nacionales en el sector educativo. Pueden movilizar recursos de la comunidad y obtener contribuciones voluntarias de los padres. Pueden imponer un impuesto sobre el comercio para financiar la educación. Pueden aumentar la carga tributaria en relación con el PIB y dejar de proporcionar incentivos fiscales, lo que incluiría los largos periodos de carencia fiscal que se otorgan a las empresas.

La filantropía realmente consagrada a las causas sociales es otro instrumento de importancia fundamental para movilizar recursos en pro de la educación.  Las instituciones filantrópicas que no tienen fines de lucro sino que promueven la educación como un bien social son sumamente valiosas para generar apoyo social a la educación. Además, la responsabilidad social corporativa también puede apoyar el desarrollo de la educación y debe aprovecharse plenamente.

¿Qué función desempeñan en la financiación de la educación las iniciativas conjuntas entre el sector público y el privado?

Cuando otras partes interesadas complementan la labor del gobierno en la prestación de servicios educativos, deben demostrar en toda circunstancia su interés social en la educación. Los gobiernos deben velar por que se respeten las normas y los principios que sustentan el derecho a la educación en tanto que derecho internacionalmente reconocido y que la educación no se vacíe de responsabilidad social. Este debe ser el espíritu rector al establecer iniciativas conjuntas entre el sector público y el privado. En lo tocante a la educación, las asociaciones de este tipo tienen un propósito común nítido: promover el desarrollo humano y el bienestar social. Esas alianzas no deberían enmascararse para fomentar iniciativas pedagógicas con fines de lucro.

Debemos guiarnos por la Declaración de Incheon, que reafirma “la responsabilidad fundamental” de los gobiernos de aplicar la futura agenda de desarrollo. La declaración expresa que los gobiernos están “decididos a establecer marcos jurídicos y políticos que promuevan la rendición de cuentas y la transparencia, así como la dirección participativa y las asociaciones coordinadas (…)”.